Otra vez con la capilaridad

Buenas noches.

Esta semana me han comentado que no se que vicepresidente de un colegio de farmacéuticos de Castilla había hecho unas "desafortunadas" declaraciones. Se resumían esas declaraciones en que las farmacias no viables económicamente, casualmente abiertas mediante el real decreto 909/1978 de 14 de abril, lo mejor que podían hacer era cerrar.

Pues si, lo que usted diga señor vicepresidente, hasta ahí podíamos llegar.

O sea, que todas las políticas derivadas de la ley para desarrollo sostenible del medio rural, ley 45/2007, 13 de diciembre, en lo referente a la fijación de la población en el medio rural, la necesidad de servicios para su salud y, concretamente, la prestación sanitaria farmacéutica, esas, nos las saltamos. Claro, faltaría más, ¡el medio rural sólo sirve para hacer turismo los fines de semana y puentes de guardar!

Esta misma tarde, buscando un artículo, me he topado con la tesis doctoral de D. José Enrique Hours antiguo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Tesis dirigida por la prestigiosa Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Doña Mª del Carmen Francés Casaupé. Y, como no podía ser de otra manera, hace referencia a la capilaridad del modelo español de farmacia calificándola de activo. Y no como cualquier activo, sino como el primero de los cuatro principales: gran capilaridad de la red, calidad del servicio, moderación de precios respecto a otros países y posibilidades de control del incremento del gasto farmacéutico si se optara por políticas más racionales.

Bien, pues a mi se me ocurre pensar que si cerraran unas 800 oficinas de farmacia en núcleos superpoblados: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga, cualitativamente, la gran capilaridad del modelo español de farmacia no se vería afectada. Pero si cerraran esas más de 800 farmacias, que actualmente se encuentran en una situación de viabilidad económica comprometida, sí se vería cualitativamente afectada la capilaridad. Es más, dejaría de tener sentido un modelo regulado mediante módulos poblacionales.

En resumen, la cuestión que se ha de resolver es la remuneración de las oficinas de farmacias de los núcleos pequeños de población que, ni siquiera, llegan a ganar lo que un adjunto de una oficina de farmacia y, en muchas de ellas, no se alcanza el salario mínimo interprofesional. 

Desde mi humilde opinión, un farmacéutico que ejerce en una oficina de farmacia -no olvidemos que somos subcontratas del servicio publico de prestación farmacéutica o establecimientos privados de interés público concertados con la administración en régimen de colaboración pública-privada, según se prefiera- ha de ser retribuido como cualquiera que realice una labor similar dentro de la administración.

¿Continuará?

Gracias, de nuevo, y un saludo,

Andrés C. Reviriego.

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